Artículo por Antonio Alfonso Hernández
Recomiendo el interesantísimo libro, General Mola, el ególatra que provocó la Guerra Civil, de Carlos Blanco Escolá, licenciado en Historia y coronel de Caballería.
En este trabajo, el autor logra demostrar, entre otras cosas, como los principales protagonistas del golpe de Estado del 36 actuaron primordialmente motivados por cuestiones e intereses profesionales y particulares.
Vayamos a los antecedentes.
Es en 1918 cuando las Juntas de Defensa promueven en España la adopción de medidas que de alguna forma frenen el favoritismo existente en la concesión de los ascensos que se están produciendo en las guerras coloniales en África, logrando que estos se regulen de la siguiente forma;
“ Tras la propuesta del general en jefe, se instruirá un expediente contradictorio, que debería ser favorablemente informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, siendo finalmente conferido el ascenso mediante una ley votado en Cortes.; este último requisito sería sustituido cuatro años más tarde por la decisión del Consejo de Ministros ( páginas 119 y 120 de, General Mola, el ególatra que provocó la Guerra Civil, de Carlos Blanco Escolá).
Es evidente que estas medias estaban justificadas por el hartazgo de la mayoría de la población con las guerras coloniales y la consiguiente sangría, tanto económica, como sobre todo, de vidas humanas. Es por ello que los ascensos por méritos de guerra en medio de las constantes carnicerías que se estaban produciendo en Marruecos no contaban precisamente con las simpatías del pueblo español y por ello se decidió actuar en consecuencia.
Hay que resaltar el dato de que en los años en que se aplicó esta ley no se aprobó ni un solo ascenso por méritos de guerra.
Sin embargo, la llegada al poder del dictador, Miguel Primo de Rivera, en 1923, conllevaría la modificación de esta ley. Sabido es que al general le interesaba tener de su parte a los llamados africanistas; es decir, Franco, Mola, Goded y Sanjurjo entre otros muchos. El decreto de 11 de mayo de 1924 estableció que las propuestas de los ascensos se pasaran al gobierno aún cuando el informe del Consejo Supremo de Guerra no fuera favorable. Por otra parte, aquellas que con anterioridad no habían llegado al gobierno debido al informe desfavorable del Consejo Supremo, pasarían a ser deliberadas por el Consejo de Ministros que encabezaba el dictador. Es decir, el decreto se aplicó retroactivamente en este apartado.
La aprobación de otras medidas y reglamentos buscaron recompensar sobradamente entre otros a los africanistas.
La arbitrariedad estaba servida. Esto permitió que estos fueran compensados sin el más mínimo problema. En los casos de Mola y Franco, por citar sólo dos ejemplos, se beneficiaron de dos ascensos.
La llegada de Azaña al Ministerio de la Guerra en 1931, supuso la aprobación de un decreto que restablecía la legalidad. Esto decía su único artículo:
“Los ascensos que por circunstancias y servicios en campaña se concedieron a generales, jefes, oficiales, clases y soldados del Ejército desde el 13 de septiembre de 1923, se clasificarán y calificarán como sigue: a) Los que fueron denegados por los gobiernos anteriores a esa fecha (..) se declararán nulos; b) Los que fueron precedidos de todos los requisitos exigidos por las leyes (..) podrán ser convalidados; c) Los que fueron obtenidos a propuesta de la Junta de Generales, sin previa instrucción de expediente o en contra del informe del Consejo Supremo en general, con falta de algunos de los requisitos esenciales señalados por la leyes, se declararán nulos” ( General Mola, el ególatra que provocó la Guerra Civil, de Carlos Blanco Escolá, páginas 120 y 121)
No obstante, Azaña cometería un gravísimo error al no llevar a cabo hasta las últimas consecuencias su propio decreto. De haberlo aplicado a rajatabla, en el caso de Franco, por poner sólo un ejemplo, habría pasado en 1931 de general de brigada a teniente coronel y así podríamos seguir mencionando otros casos que afectaba a los africanistas.
Se vieron afectados, eso sí, en una reducción en el escalafón. Franco pasó del 1 al 15, entre 43 generales de brigada, aunque insisto en que se les respetó el rango militar que ostentaban en aquel momento.
Es innegable la importancia que hubiera tenido ante los trágicos acontecimientos que se producirían cinco años después, el hecho de que determinados militares no hubieran tenido tropas a su mando de haber sido degradados en su momento.
Azaña a través de distintos decretos llevó a cabo una importante reforma militar donde entre otras cosas se aprobó:
- - La desaparición de las capitanías generales siendo sustituidas por divisiones orgánicas.
- - Reducción considerable del número de oficiales. (pasaron de 21000 a 8000)
- - Creación del Cuerpo de Suboficiales
- - Supresión del rango de teniente general
- - Los ascensos se obtendrían por antigüedad y a través de cursos de aptitud.
- - Cierre de la Academia General militar de Zaragoza.
- - Reducción del servicio militar obligatorio.
Ni que decir tiene que estas medidas sembraron el descontento en ciertos sectores del ejército, especialmente en los más reaccionarios que veían así frenadas sus aspiraciones.
Se trataba de modernizar el ejército español según el modelo que se había llevado a cabo en los países de nuestro entorno. Azaña tuvo como referencia principal el modelo francés. Además, supondría un fuerte ahorro económico.
El caso es que unos trescientos militares perdieron un rango o dos tras la revisión de los ascensos de Azaña. Ya hemos visto que otros bajaron en el escalafón.
Es innegable que las consecuencias de la reforma militar de Azaña no se hicieron esperar. Así, por citar sólo dos ejemplos; López Ochoa, pasó de capitán general de Cataluña a general de la cuarta división, mientras Barrera, su antecesor en la capitanía general de Cataluña, pasa directamente a la reserva.
Son el propio Barrera, Sanjurjo, destituido por Azaña como director general de la Guardia Civil y nombrado para un cargo bastante menos relevante, director del Cuerpo de Carabineros, y Fernández Pérez, cesado como capitán general de Burgos, algunos de los principales conspiradores del golpe de Estado en el verano de 1932. Esgrimieron como razón justificadora lo de siempre, es decir, el caos reinante, la anarquía…. Pero la verdad es que pesó especialmente la situación en que habían quedado algunos tras la reforma militar de Azaña. Es más, el mismísimo Franco quedó dicho que en aquella época no había razones aún para sublevarse.
Sobra decir que, tras la llegada de la derecha al poder, en 1933, algunos de ellos fueron nuevamente recompensados:“Así pues, los seis militares especialmente premiados por el dictador (Sanjurjo, Goded, Franco, Fanjul, Mola y Varela) a los que Azaña no fue capaz de retirar los ascensos ilegalmente obtenidos, se hallaban, en el verano de 1935, plenamente rehabilitados y en disposición de apoyar a quienes se proponían terminar con la República democrática, un año más tarde protagonizarían el alzamiento que dio al traste con ella” ( General Mola, el ególatra que provocó la Guerra Civil, de Carlos Blanco Escolá . Páginas 178 y 179)
A este descontento que se había producido entre los africanistas por la revisión de los ascensos y la reforma militar, le tenemos que añadir un asunto de especial trascendencia. Existía entre varios de ellos el temor de las responsabilidades penales que se les pudiera exigir como consecuencia de sus actuaciones en el pasado. Este era el caso de Franco, López Ochoa y Juan Yagüe, por la represión llevada a cabo en la Huelga General en octubre de 1934. De Mola, por su actuación al frente de la Dirección General de Seguridad o de Sanjurjo por el golpe de Estado que protagonizó en 1932, pues, aunque la derecha tendía a taparlos y premiarlos, sin embargo, el triunfo del Frente Popular en febrero del 36 sin duda provocaría en muchos de ellos el temor de que estos asuntos pudieran revisarse y exigírseles responsabilidades.
La confluencia de estos intereses, como vemos nada patrióticos, con los de los sectores más reaccionarios de la sociedad, que apoyaron la sublevación y veían en la segunda república un peligro permanente que ponía en riesgo sus intereses, conforman a mi entender los ingredientes principales que verdaderamente los animó a protagonizar el golpe de estado que derivó en la sangrienta guerra civil que asoló España durante varios años.
En esta ocasión, la cortina de humo que crearon para justificar su comportamiento fue el peligro rojo o la inminente sovietización del país. Asunto que a día de hoy está suficientemente desmontado y desacreditado.
Por cierto, siempre nos quedará la duda de qué habría pasado si Manuel Azaña se hubiera atrevido a degradar en 1931 y con arreglo a la legalidad a aquellos que luego tendrían un papel tan destacado en la conspiración. Nunca lo sabremos.
ANTONIO ALFONSO HERNÁNDEZ, 14 de octubre de 2018